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TUCUMAN Con una reforma a la Ley de Concursos y Quiebras, el Gobierno nacional intenta facilitar el funcionamiento de las fábricas recuperadas por sus trabajadores , a través de cooperativas, que administran las empresas. Los expertos consultados por LA GACETA afirman que, si bien el objetivo de las modificaciones es saludable, es necesario aclarar cuáles serán las obligaciones para esos proyectos. La Argentina transita un período signado por el crecimiento económico y la recuperación de distintas actividades. Desde este punto de vista, hay sectores que señalan que no es la oportunidad para reformar la Ley de Concurso y Quiebras. Según los expertos consultados por LA GACETA, el eje de la reforma gira, casi con exclusividad, en alentar la participación, con acceso y poder de control de los trabajadores -en forma individual, con la representación gremial y/o como una cooperativa de trabajo- en la vida de la empresa en crisis, como así también permitir que puedan adquirir la empresa o continuar con su explotación en caso de quiebra. En Tucumán hay varios ejemplos acerca de que el "afectus societatis" entre los miembros de una misma empresa ha posibilitado el sostenimiento de la fuente laboral. "En momentos de crisis, las cooperativas son como aquellos bomberos que deben apagar los incendios. Hoy queremos ser los arquitectos de nuestro propio futuro, los que, a través de la solidaridad y el respeto mutuo, pueden sostener un emprendimiento", señala Ramón González, es presidente de la Filial Tucumán de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (Fecootra), que también es uno de los miembros de la Cooperativa de Trabajo del rubro gastronómico "La Esquina". Un estudio efectuado por los profesionales Angela Delli Carpini y Agustín Zeppa señala que la reforma facilita y legaliza el sistema de fábricas recuperadas, mediante el reconocimiento de las cooperativas de ex trabajadores como sujeto jurídico en los procesos de quiebra. No obstante, aclaran, no se considera que se les debería imponer la obligación de regularizar jurídicamente su situación, "siendo indispensable que la cooperativa rinda cuentas de su administración, y que se consagren responsabilidades civiles y penales a sus directivos, en forma solidaria". Además, que se les exija seguros de responsabilidad y por probables daños al conferírseles la explotación. En tanto, Vicente Nicastro, especializado en Sindicatura Concursal, aclara que la normativa vigente puede convertirse en una simple expresión de deseo si no avanza con una reglamentación adecuada para delimitar deberes y obligaciones de las cooperativas que se sumen a este régimen, vigente desde principios de mes. Los especialistas coinciden en que existen ciertas resistencias por parte de los profesionales y de las empresas a la reforma, que necesariamente requerirá de otras normas aclaratorias o correctivas. Fuente: La Gaceta |
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